La crisis energética no sólo ha afectado a las grandes sectores industriales que han visto importantes restricciones en sus abastecimientos y mayores costos, sino que también los usuarios finales verán importantes cambios en sus cuentas mensuales de la luz por el uso de la energía eléctrica. Para los clientes regulados, en los últimos cinco meses en el SIC ha habido una variación de precios de cerca del 50% respecto a lo que se pagaba en mayo y en el SING esta diferencia es cercana a 40%, variaciones que se están registrando principalmente por el elevado costo marginal que impropiamente ha tomado participación relevante en las tarifas, advierte Francisco Aguirre, director ejecutivo de Electroconsultores, cifras horarias que en algunos casos puede llegar hasta los US$260 por MWh, lo que permitiría incluso nuevas alzas en las cuentas. Según Aguirre el mercado eléctrico actual está bajo el control de los vendedores, así las compañías generadoras actualmente tienen mucho poder y hacen uso de él para establecer contratos y modificarlos incluso por decisiones unilaterales. “En términos de contratos con clientes libres, probablemente entre 75% y 80% de ellos estén modificados aún cuando sus vigencias permitían no hacerlo. Tanto han sido afectados estos contratos, que hoy día el cliente regulado está recibiendo variaciones de precios que reflejan lo que está pasando en el mercado de grandes contratos, los que están recogiendo muy velozmente costos sobrevalorados de la producción de electricidad, al estar asociados, muy impropiamente en mi opinión, a los costos marginales, pues estos precios sólo debiesen aplicarse para transferencias de excedentes y déficit de los generadores y de ninguna manera al total de las ventas a clientes finales con contratos en curso”. Según el experto, esta situación se mantendría hasta que comience a readaptarse la oferta eficiente y la demanda de electricidad, lo que podría suceder en 2011, cuando entren en servicio grandes centrales carboneras planificadas, que reemplazarán las centrales a diésel que son las que tienen altos costos de generación por los precios crecientes del petróleo. Cambios legales Francisco Aguirre es claro al señalar que sin aplicación de políticas energéticas de clara definición se han producido una serie de traspiés que son los responsables de la situación actual en el país. Según explica, el principal deriva de que en 1999 se suprimió el concepto de fuerza mayor que protegía a las empresas generadoras para uno de los casos periódicos de déficit de abastecimiento, como es por causa de una sequía, y así las empresas quedaron expuestas a compensar ante estos eventos en un cambio de legislación que transformó en penalizable fenómenos de la naturaleza “y como en un solo evento que tuviera que compensar una compañía podía perder la renta de muchos años, se desinteresaron de hacer contratos con los clientes regulados, y a medida que se vencían los contratos con las distribuidoras, estos no eran renovados y así fue como, por ejemplo, Saesa en 2002 se quedó sin contratos, y hoy hay cerca de un 20% en el SIC de demanda abastecida sin contrato. De esta forma, sin las obligaciones que imponen los contratos, los generadores tampoco sintieron necesidad de invertir porque no tienen obligación legal de hacerlo aún cuando la demanda subía y por esto tenemos el gran apretón y desajuste entre oferta y demanda que tenemos hoy, y estaremos así hasta 2010 y 2011, cuando entren algunas centrales a carbón y el GNL, lo que va a aliviar las cosas”. Posteriormente y con el fin de revertir los efectos de la ley de 1999 la autoridad de turno “se va al otro extremo y se promulga una ley demasiado favorable a las eléctricas, que así entonces están en el mejor de los números, ya que en precios se está llegando a un nivel importante derivado de una coyuntura”, explica el especialista. En efecto, en 2005 se modifica en tiempo récord la legislación que se pone en el caso de si una empresa se quedan sin contratos, cómo hay que abastecerlas y quién sobrelleva los costos, obligación que se traspasa a prorrata al conjunto de los generadores. Así, los sobreprecios generado por el costo marginal se socializa entre los clientes regulados del sistema.

Según Aguirre, este mismo mecanismo debía aplicarse si fuera el caso para el SING, manteniéndose así la consistencia legislativa, pero la ley Tokman promovida por la nueva autoridad decidió que no se le volviese a cargar la mano a los clientes regulados finales, “sin embargo, se va a forzar a la empresa privada minera asumir un costo que no le corresponde bajo la presión de no recibir suministro y su peor efecto económico”, destaca. “En lugar de la ley Tokman y por respeto al proceso legislativo anterior había que guardar la consistencia en el nuevo proceso legislativo para sólo hacer dos cambios. El primero de ellos era agregar la consideración del término de contrato por quiebra o resolución judicial a los que finalizaran de forma natural –abarcando así casos como el de GasAtacama u otros- y lo segundo era que el sobre costo se socializaba no a nivel de los clientes del sistema interconectado en el que se producía el evento sino que a nivel de país”, señala Aguirre. No habiéndose hecho esto, se producirá una fuerte discriminación como solución de problemas homólogas para el sistema Sic y SING Licitaciones Con respecto a las licitaciones recién pasadas, tal como se podía prever, no hubo actores nuevos que ingresaran al mercado eléctrico. De hecho, sólo se recibieron tres ofertas en la primera instancia por parte de las generadoras ya presentes en este segundo proceso correspondiente a licitaciones de las empresas Chilectra, Chilquinta y CGE Distribución, cuyo suministro agregado contempla un abastecimiento promedio anual de 12.114 GWh, a ser suministrado entre los años 2010 y 2025, con una potencia de referencia máxima de 2.840 MW en el período. Si bien 16 compañías compraron las bases, Chilectra recibió sólo dos ofertas por parte de Colbún y Endesa; Chilquinta una, por parte de Colbún; mientras que CGE no recibió ofertas en esta primera fase, por lo que conforme lo establece la legislación vigente, dentro de los treinta días siguientes CGE Distribución deberá convocar a una nueva licitación. En esta nueva etapa, la Comisión Nacional de Energía pondrá un nuevo valor máximo incrementado para incentivar las ofertas. Según Aguirre, quien como parte de la gestión de asesoría comercial a grandes consumidores se ha dedicado a la búsqueda y asistencia para el ingreso de nuevos actores al sistema eléctrico nacional de modo de incentivar la competencia en beneficio de los consumidores, la carencia de la aparición de nuevos actores se debe principalmente a que “a los inversionistas extranjeros les complica entender cómo funcionan las cosas en Chile, lo que es una barrera de entrada que requiere más tiempo que lo que los procesos de licitación ocurridos han ofrecido”, destaca. Si bien el precio promedio de las ofertas en el proceso al cierre de esta edición no se conocían, según el analista este debería estar por sobre los US$53,6 por MWh para energía, a lo que hay que agregar unos 15 US$/Mwh por potencia, totalizando así los cerca de 70 US$/Mwh monómicos, sin considerar transporte, que se obtuvieron en el primer proceso, lo que se explicaría principalmente por la desadaptación de oferta que está viviendo actualmente el sistema, “que no refleja bien los precios reales de producir energía”. Cabe destacar que en el 2000 había contratos por US$30 el MWh Monomico, es decir incluyendo potencia e incluso el transporte. El ingeniero señala que los precios que se ofrecieron responden a precios de largo plazo en base a desarrollos de centrales a carbón, que hoy, con la fuerte demanda que existe en el mundo, se ve en una condición de alza, escenario que cambiaría de llegar más competencia al mercado y si la matriz nacional considerara otras alternativas en el largo plazo como es la energía nuclear, que según información internacional tiene costos entre los US$50 y US$60 el MWh. “Los precios tienen que tender en el largo plazo a reflejar los costos de las tecnologías que se vayan a usar”, explica el especialista, y si hoy nos comprometemos con tecnologías caras podríamos estar hipotecando los beneficios futuros de nuevas tecnologías de menor costo