El país tiene dos grandes desafíos para el área energética, uno de corto plazo para estos próximos 3 a 4 años y otro de largo plazo, con efectos más allá de la extensión de este gobierno. Hacia el año 2020 necesitaremos unos 10.000 Mw adicionales por sobre lo ya instalado históricamente en todo el país, es decir más del doble de todo lo crecido desde fines de los años 1800. Por ello urge hoy orientar las realizaciones futuras con una política energética global e indicativa en la que se aborde, por ejemplo, una posición definida respecto a las centrales nucleares pues este polémico recurso será apropiado si la política de medio ambiente o algunos grupos de interés dificulten los desarrollos con alternativas energéticas tradicionales, como es carbón y grandes recursos hidroeléctricos aún inexplotados. Así deben darse orientaciones de zonas geográficas para uso de las tecnologías contaminantes como también normativas colaboradoras con las energías renovables pues las primeras son solución universal y las segundas deben adquirir gradual participación no obstante su actual incompetencia económica y bajo aporte. En el contexto del largo plazo y específicamente del sector eléctrico, la política energética debe dar señales orientadoras con incentivos apropiados a seguir por los inversionistas privados, que hasta ahora desarrollan la oferta energética a plena y solo propia decisión. Recordemos que está ya claramente definido que nuestro Estado no es empresario sino subsidiario conforme definió la reforma económica iniciada hace 30 años y una normativa eléctrica pionera en el mundo en 1982. En efecto, a partir de esa fecha evolucionó una propiedad diversificada de empresas estatales privatizadas inicialmente con capitalismo popular hasta llegar hoy a un mundo globalizado presente con las principales multinacionales ya operando en Chile y propietarias en forma concentrada de los centros de generación. Así, la producción de electricidad es un segmento de negocio que la ley señala no es Servicio Público, razón por la cual se expande solo como consecuencia de incentivos basados en contratos libremente celebrados entre los productores y los grandes consumidores y que al ser debidamente honrados traen inversiones permanentes y crecientes. Contrariamente al segmento generador, las expansiones en los negocios eléctricos complementarios, que son la transmisión y la distribución, son servicio público reconocidamente monopólico y por tanto regulado, en que el primero fue estabilizado por ley en 2004 corrigiendo errores de la gran reforma que lo asimiló en principio al de la generación, con consecuencias de no expansión que trajo riesgosas restricciones que hoy recién se están comenzando a corregir. Ahora bien, sin duda hoy debemos aprender de los errores del pasado que nos llevaron a una matriz energética frágil y expuesta como resultado, por una parte, de la ausencia de una visión oficial indicativa, que propiciara resguardar la seguridad energética nacional imponiendo límites a la dependencia foránea concentrada. Esto, agregado por otra parte a la celebración privada de incautos e incompletos contratos energéticos binacionales, tanto a nivel gobierno como privado, nos han traído a una situación de apremio que habrá que resolver al más breve plazo como acción conjunta de gobierno en su postura de exigencia de cumplimiento frente al contrato nacional y de las empresas a la vista de sus contratos de compra de gas natural argentino. En efecto, hoy tenemos suficiente evidencia de que la relación binacional celebrada con fines de integración no funciona y con consecuencias que nos fuerzan a recurrir por un tiempo a sistemas ineficientes de producción de energía para abastecer la creciente demanda en corto plazo instalando por dos o tres años unidades generadoras cuyos costos sobrellevarán principalmente los consumidores regulados, pues cambios normativos recientes les traspasan parte importante de los riesgos de las empresas proveedoras. Esta ineficiencia de corto plazo y sus costos son provocados por causa de nuestro país vecino cuya política económica y de relaciones comerciales no conversa actualmente con la nuestra, pero que se evidencia también como exponente de las condiciones cambiantes del cono sur, lo que pareciera recomendarnos decisiones de largo plazo que nos independicen energéticamente. Una mirada futura optimista hacia el futuro me permite estimar que el problema energético de corto plazo nos va a servir notablemente en el largo plazo, porque mientras más duro nos den hoy nuestros países vecinos con aspiraciones económicas y geopolíticas inaceptables, como es la discriminación de precios energéticos o incluso el pretendido trueque de gas por mar, ello provocará que nuestras empresas tomen decisiones que si bien en el corto plazo, tres o cuatro años, resuelven la urgencia a costo alto, en el largo plazo nos liberará de esta dependencia indeseada e innecesaria en la que incautamente caímos con nuestros vecinos en el pasado. Así las cosas, estimo que a fines de la década seremos energéticamente abastecidos independientemente y las negociaciones por insumos o geopolíticas tendrán a Chile en una posición ventajosa muy distinta a la actual. He aquí la importancia y urgencia de las definiciones de política energética y de posiciones actuales que tome nuestro actual gobierno enfrentando este duro desafío de corto plazo y de dar una correcta visión indicativa y orientadora de largo plazo a los actores del sector energético, incluidos los consumidores.