Francisco Aguirre Leo

El pasado 11 de marzo el Ejecutivo despachó un nuevo proyecto de modificación de la Ley Eléctrica que, en lo principal, busca resolver las dificultades que enfrenta el desarrollo de inversiones en el sector y la problemática de empresas distribuidoras sin contrato. En lo esencial propone modificar al actual sistema de cálculo de precios regulados (de Nudo) permitiendo que por la vía de licitaciones de contratos de largo plazo las empresas distribuidoras reciban suministros pagando precios que a su vez incentiven las inversiones hoy detenidas por los principales operadores. De progresar el contenido original del proyecto, que ya tiene variadas indicaciones en cuanto a este punto, es probable que los precios regulados de la electricidad sufran un escalón notable de precios en lugar de la moderación que hoy impone la normativa vigente al forzar comparar la intención de precios calculados teóricamente por la CNE con la realidad del mercado de los grandes contratos libremente convenidos y aplicar el nivel de éstos y sus variaciones a los precios finales que se regulen. En rigor el proyecto de ley desconfía de la rapidez con la que el mercado, en el marco legal actual, sea capaz de internalizar la escasez de suministro eléctrico, reacción que en todo caso se verá en la fijación tarifaria de precios de nudo en curso y que a mediados de Abril mostrará cuanto han variado los precios de los grandes contratos celebrados por los propios generadores con sus grandes clientes en negociaciones de libre albedrío.

En todo caso, este proyecto de ley no resolverá la estrechez severa que el sistema eléctrico SIC presentará en estos próximos 3 o 4 años, período en el que estos Electroconsultores avizoramos necesidad de recurrir más bien a soluciones privadas de corto plazo, transitorias y de altos costos de operación, como son instalar o preparar unidades diesel de respaldo o emergencia. En cuanto a esto último, el proyecto de ley trae un aspecto positivo para los consumidores relacionado con la posibilidad de que los grandes operadores generadores pacten con los clientes finales cuotas de ahorro, que ya sea por la vía de autoproducción o por reducción efectiva de consumos, permitirán atenuar parte de los costos de los industriales y mineros que probablemente deban sobrellevar en caso de escenarios desfavorables de abastecimiento, cada vez más cercanos o ciertos y que ratifican las ya antiguas pero certeras predicciones de los especialistas del sector.